Una confrontación armada de larga duración como la colombiana genera prisioneros y prisioneras, que en el caso de los insurgentes detenidos asumen el estatus de presos políticos pues su motivación ha sido la rebelión contra un estado que vulnera los más mínimos derechos humanos, contra un estado que no brinda ningún espacio para la oposición pacífica como lo ha demostrado el exterminio de los cinco mil militantes de la UNIÓN PATRIÓTICA entre 1985 y 1990, los asesinatos de los candidatos de la izquierda y sectores democráticos con opciones de triunfo (Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán) y los miles de asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales durante toda la historia política Colombiana.
Además, el Estado colombiano tiene como práctica recurrente la detención de la oposición política con cargos que van desde rebelión y, en los últimos años, hasta terrorismo, estos detenidos se convierten en presos de conciencia, pues su labor era fundamentalmente la de exponer sus ideas por vías pacíficas. El gobierno actual ha incrementado dicha práctica ya no sólo dirigida a opositores, sino a campesinas y campesinos señalados de guerrilleros.
En éste sentido implementa una estrategia de capturas masivas y falsos positivos. Luego, estas personas son condenadas sin garantías jurídicas y sin ningún tipo de respeto por el derecho procesal, siendo recluidos en las cárceles en condiciones indignas. Así, existe en Colombia cerca de siete mil personas en las cárceles por razones políticas cuya situación incluye una afectación a sus familias, pues son cabezas de familia responsables de su sustento.
En el caso de las mujeres la situación es doblemente dramática, a sus difíciles condiciones de reclusión se suma la separación de sus hijos, solo tiene la visita de sus hijos una vez al mes, si tienen niños menores de 4 años pueden permanecer en las celdas con ellas, pero luego son arrancados de sus manos. Es igualmente terrible la situación de las prisioneras embarazadas, las cuales no cuentan con los mínimos elementos de cuidado durante su embarazo.
En las cárceles del Estado colombiano hay unos 500 presos y presas guerriller@s, los demás, unas 7000 personas encarceladas, han sido encarceladas por su pensamiento crítico y su labor social.
Se asiste igualmente a un intento por desaparecer la figura del delito político, intentando en consonancia con las políticas internacionales del imperio acusar a los rebeldes detenidos de delitos distintos al de rebelión, por ejemplo se les acusa con cargos de terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y, en el intento por despolitizar el conflicto armado, son señalados de narcotraficantes con lo cual pueden ser extraditadas a las cárceles del imperio como es el caso de dos guerrilleros y una guerrillera de las FARC.
Al respecto es importante destacar el fallo de la juez de primera instancia de Milán, Clementina Forleo, cuando en un proceso adelantado a dos militantes Islámicos concluyó: “Una cosa es la guerrilla y otra el terrorismo: es necesario distinguir entre las actividades desarrolladas en un contexto bélico y aquellas destinadas a golpear a la sociedad civil de forma indiscriminada”.(Colocar cita de pie de página)
Ante el contexto descrito, los presos políticos y sus familias se encuentran no solo en una dura situación material y económica, se encuentran también en una situación de aislamiento moral y político frente al mundo, de ser luchadores por la libertad, con altos valores humanistas y altruistas, pasan a ser mostrados desde la maquinaria mediática como “bestias peligrosas para la sociedad” que solo merecen el repudio y el castigo.
La situación de los presos políticos puede ser transformada a partir de la creación de la RED DE HERMANAMIENTO, la Red de Hermanamiento significa la creación de un inmenso movimiento de solidaridad capaz desbordar y fracturar el intento de la tiranía Colombiana por destruir moral y políticamente los procesos de resistencia y emancipación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario