En defensa del Litio

Una grave amenaza enfrenta el precario dominio que el Estado -muy debilitado por la labor de zapa del neoliberalismo-, retiene todavía sobre los recursos mineros. Ahora le toca al litio seguir el camino desnacionalizador que sufrió el cobre a manos de la dictadura y de la Concertación.

El cobre, nuestra principal riqueza, se encuentra actualmente en un 70% en poder de empresas transnacionales y poderosos grupos económicos locales. Se intenta hacer lo mismo con el litio, mineral que abunda en Chile y al que los expertos llaman “oro blanco” o “mineral del futuro”, por sus enormes proyecciones industriales. El 31 de julio se abrirán las licitaciones públicas que permitirán a los capitales privados acceder a la explotación de los yacimientos de litio que existen en el desierto de Atacama. Chile posee más del 40% de las reservas mundiales, y también son enormes los yacimientos de litio en Bolivia y Argentina. Si Chile participara, como corresponde, en el proyecto bolivariano de integración que hoy guía a numerosos países latinoamericanos, se plantearía respecto del litio un proyecto generoso y visionario de explotación conjunta con nuestros vecinos. Tenemos, sin embargo, un gobierno que vive de espaldas a la historia y que prefiere mantener intacta, como hicieron sus antecesores, la economía de mercado. Y en lo internacional, sigue una conducta orientada a torpedear la unidad latinoamericana frente al imperio. Por eso se las ha ingeniado para afinar una figura jurídica -también inspirada en anteriores gobiernos- que le permita otorgar concesiones para la explotación del litio por capitales privados. Se eluden así las menguadas defensas que el Estado conserva en la Constitución y las leyes.

Los abogados y lobbystas especializados en enajenar las riquezas nacionales, crearon la figura del Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficios de Yacimientos de Litio (CEOL). Una garrocha jurídica que permite saltarse olímpicamente la Ley Orgánica Constitucional Minera de 1983, que clasifica al litio como un mineral estratégico ya que es un componente de la industria nuclear. Incluso antes, en 1965, al crearse la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), se estableció que toda exploración y explotación de material atómico natural que se utilizara para la producción de energía nuclear (el litio, por ejemplo) no podría ser objeto de actos jurídicos sino cuando ellos se ejecutaran por la CCHEN, en conjunto con ésta o, con su autorización plena. (Ver Antecedentes para una política pública en minerales estratégicos. Litio. Cochilco, 2009).

Esta consideración no ha variado, ya que es posible la utilización del litio en la producción de energía nuclear mediante procedimientos de fisión atómica. Lo que sí ha cambiado es la expansión de los usos del mineral en actividades industriales, en la producción de elementos químicos, como elemento conductor de energía y hasta en la industria farmacéutica, en medicamentos para la depresión, el trastorno bipolar y otras enfermedades. La demanda de litio ha crecido en la última década por su uso en baterías para todo tipo de elementos tecnológicos y crecerá mucho más, debido a su utilización en acumuladores para automóviles eléctricos cuya importancia es considerable debido a la contaminación generada por el transporte y la crisis energética derivada del paulatino agotamiento de los combustibles fósiles. La tonelada de litio se cotiza en alrededor de siete mil dólares en un mercado que por ahora alcanza a los 500 millones de dólares anuales. Lo anterior explica que más de cien proyectos de explotación del litio estén al acecho de las licitaciones que se abrirán en Chile el próximo mes. Entre ellos destacan grandes corporaciones de EE.UU., Canadá, Australia y Corea del Sur, como también grupos económicos nacionales.

Como el cobre y otros minerales que han sido tragados por las transnacionales, el litio plantea otra vez la burla que las empresas mineras hacen de la norma constitucional del artículo 19, Nº 24, inciso sexto, que entrega al Estado “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendidas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón o hidrocarburos y las demás sustancias fósiles...”. Causa indignación que siendo el Estado el propietario de la riqueza minera del país, en los hechos esos enormes recursos se han convertido en propiedad de las transnacionales. Hace 41 años, el 11 de julio de 1971, el presidente de la República, Dr. Salvador Allende, promulgó en Rancagua la histórica ley -aprobada por unanimidad en el Parlamento- que nacionalizó el cobre, hasta entonces en poder de las compañías norteamericanas Anaconda y Kennecott. Pero hoy sólo el 30% del cobre es explotado por la empresa estatal Codelco, el resto está en manos de las transnacionales y de grupos de la oligarquía chilena.

¿Cómo ocurrió este fenomenal despojo?

El traspaso de la propiedad del Estado a los privados se produjo mediante la burla sistemática de la Constitución y las leyes. La dictadura transgredió su propia Constitución, estableciendo en la Ley Orgánica Constitucional Minera el llamado “derecho real de concesión”. En la práctica, atribuye al titular de una concesión minera un derecho de propiedad absoluto, transferible y transmisible, de duración indefinida. Esta maniobra dio seguridades a los inversionistas extranjeros para entrar a saco a este paraíso que es la minería chilena. Aún así -hay que reiterarlo- al terminar la dictadura el Estado todavía conservaba la propiedad del 70% de la producción de cobre, que ha significado enormes ingresos al Fisco (y, de paso, a las FF.AA.).

El verdadero boom del capital privado en la minería del cobre se produce bajo los gobiernos de la Concertación. También se utilizaron en ese periodo subterfugios para abrir la puerta a la explotación privada sin barreras de los yacimientos auríferos. Durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se suscribió incluso un tratado minero con Argentina, en directo beneficio de una empresa que opera a ambos lados de la frontera, creando una zona especial que escapa a la soberanía de los dos países. Así se viabilizó la explotación de oro por Barrick Gold que, aun antes de entrar en producción, ha significado la desaparición de milenarios glaciares -reservorio de agua de la Humanidad- en la alta cordillera de los Andes. Esta cesión de soberanía y mutilación de glaciares amenaza con una devastadora contaminación al Valle del Huasco, dañando en forma irreparable la rica agricultura de esa zona. Los manejos mafiosos de Barrick Gold en diferentes países también se pusieron en práctica en Chile, mediante la corrupción de autoridades locales y la compra de conciencias de modestos agricultores. Es razonable suponer que los mismos métodos deben haberse usado por Barrick al más alto nivel de la administración del Estado en Chile y Argentina. (Ver el libro El mal. El modelo K y la Barrick Gold, de Miguel Bonasso, en PF 750).

Algo similar ocurrió bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el petróleo y gas de Magallanes. La figura del Contrato Especial de Operación hizo su debut entonces para facilitar la exploración y eventual explotación del petróleo y gas contenidos en bloques de territorio que fueron licitados a transnacionales. Esas operaciones están en marcha en busca del gas de esquisto (el shale gas) que permitiría el abastecimiento de ese combustible a bajo precio en la región austral.

Ahora se utilizó el mecanismo del CEOL en el litio, y sus resultados son previsibles: un gran negocio para las transnacionales y un pésimo negocio para el país, que cobrará un royalty de 7% sobre las ventas. Se perderán así posibilidades de incursionar en un tipo de minería novedoso, de desarrollar líneas de investigación de nuevos usos del litio y de utilización eficiente de los procesos existentes. El sueño de la gran industria química en el Norte Grande seguirá también relegado al discurso electoral que se repite periódicamente para avivar el entusiasmo de los incautos. La entrega del litio -a menos que lo impida una protesta decidida y firme de los ciudadanos-, significará un atentado a la soberanía del país y la liquidación anticipada de una línea de progreso productivo y de desarrollo científico. Punto Final ha prestado constante atención a este tema(*) y seguirá haciéndolo, porque así entiende cumplir un deber.

Los trabajadores no han permanecido insensibles ante esta amenaza. Así lo han expresado la Federación de Trabajadores del Cobre que agrupa a los sindicatos de Codelco, señalando que la empresa estatal tiene capacidad para explotar “un recurso minero no concesible” como litio. A su vez, la Federación Minera de Chile -que agrupa a 18 sindicatos de la gran minería privada- se ha pronunciado contra la entrega del litio. Lo mismo han hecho senadores como Isabel Allende (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC), que piden modificar el artículo 19º de la Constitución para nacionalizar el mineral.

El presidente Piñera sigue la línea que trazaron sus antecesores de la dictadura y la Concertación. Pero lo hace con más desparpajo, facilitando un mayor acceso del capital privado al más rentable de los negocios en Chile: la minería. La decisión de entregar el litio es de tal gravedad, que pasa a ser ilegítima por violación flagrante de la legalidad. Por lo tanto, las transnacionales deberán atenerse a las consecuencias cuando en Chile exista una verdadera democracia que ponga fin al arrogante dominio de las transnacionales.